Al principio la acusación fue que el
concurso que convocó el Consell de Mallorca en enero de 2006 para vender el
solar de Can Domenge debía haber sido una subasta. Ese argumento cayó porque
había otras cosas a tener en cuenta, como un buen proyecto arquitectónico, al
margen de la oferta económica que únicamente hubiese servido para especular.
Según los técnicos, todo fue completamente legal.
Luego vino la polémica del precio máximo, 30
millones. Otro argumento arrumbado porque de las 6 o 7 valoraciones existentes
en la causa, únicamente 2 de ellas (la del COAIB y la de Hacienda) lo tasan en
60 millones € y las otras confirman la valoración inicial de 30 millones €. Que
finalmente BMN - Sa Nostra haya acabado vendiendo el solar por 7 millones a
Cotesa indica claramente que las tasaciones de 60 millones estaban hinchadas.
Luego
se habló de información privilegiada, en teoría a favor de Sacresa, cuando las
revelaciones de Bartomeu Vicens a la Fiscalía Anticorrupción para impedir que
su mujer acabe encarcelada por el caso Metalumba, apuntan a que el concurso
estaba supuestamente amañado para que ganase Grup Fer, con lo que sería absurdo
que se facilitase información privilegiada a Sacresa. O quizás lo que sucedió
es que todos tenían información nada privilegiada y que los sucesivos
borradores de las bases del concurso
circulaban con bastante alegría, incluso en la prensa, porque no había en ellos
nada de confidencial ni privilegiado. De hecho, aunque el concurso estaba
supuestamente “amañado” ganó el mejor proyecto según un jurado técnico
independiente que está fuera de sospecha.
Luego
vino la querella de José Luis Núñez, ex presidente del F.C. Barcelona, aunque
no inmediatamente después de la adjudicación del solar a Sacresa, sino 8 meses
más tarde. Curiosamente sólo 6 días después de que la Comisión Insular de
Urbanismo aprobara la protección del edificio Gesa en la fachada marítima, que
la eléctrica debía demoler para entregar el solar completamente despejado y que
Núñez pudiera levantar sus bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas, cosa
que con el edificio de Ferragut protegido era imposible. Recordemos que Núñez y
su hijo fueron condenados en julio de 2011 por la Audiencia de Barcelona a 6
años de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda para defraudar más de 13
millones €. Núñez recurrió la sentencia y está pendiente del Supremo.
Luego
se dijo que en mayo de 2006 el yate 'Cap de Quers' de la familia Sanahuja,
patroneado por José Manuel Baldor, había transportado de Barcelona a Palma
dinero en efectivo en bolsas de plástico. La minuciosa investigación de la
Fiscalía y de la Policía no logró dar resultados y las diligencias fueron
archivadas, aunque Anticorrupción ha citado como testigo de la acusación al
capitán Baldor. Ahora se dice que el dinero (se precisa que 4 millones €) no
fue trasladado en yate, sino dentro de maletines en un avión privado por un
hijo de Román Sanahuja, dueño de Sacresa, en dos viajes.
La
declaración inculpatoria de Vicens motivó que se registraran los domicilios de
Munar y Nadal en busca del dinero supuestamente cobrado (600.000 € según
Vicens), pero extrañamente la Fiscalía no registró su casa cuando este sólo ha
entregado 120.000 € y se sabe que tiene dinero en efectivo desde que su mujer
protagonizó el extraño episodio de los 22 billetes de 500 € escondidos en los
zapatos que intentó llevar a su marido a la cárcel. ¿Por qué no se ordenó la
búsqueda del dinero también en casa de Vicens? Sin embargo, aprovechando el
registro, los investigadores se hicieron con documentación relevante para la
defensa de Munar y Nadal e incluso examinaron sus argumentos de defensa, según
denuncia Munar.
Con
todo este lío se inicia hoy el juicio en la Audiencia Provincial, aunque la
Fiscalía no va a acusar a nadie por el cohecho, que se deja para mejor ocasión,
aunque sí por prevaricación, fraude a la administración y revelación y uso de
información confidencial. ¿Cómo se pretende abstraer este juicio de las
acusaciones de soborno que sobrevuelan permanentemente, aún más cuando ayer lo
confesó por escrito el propio dueño de Sacresa? ¿Cómo se hará para que las
investigaciones abiertas a raíz de la confesión de Vicens y Sanahuja no
impregnen este juicio, sin forman parte de él mismo y de los hechos que van a
ser juzgados? Lo lógico y normal sería que el juicio fuera suspendido y que se
prosiga con la investigación por parte del Juez de Instrucción. Hacer otra cosa
es comprometer seriamente la viabilidad legal del caso, porque todo acusado
tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías, a saber de qué se le
acusa y a no sufrir indefensión.
(Publicado en Última Hora)
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